Justiciero

Germán Larrea no es propiamente un empresario con méritos creativos, como aquellos genios estadounidenses que se hicieron inmensamente ricos a consecuencia de su inventiva y arrojo, dándole algo valioso a su sociedad y de paso al mundo entero. Es apenas un concesionario, un administrador bursátil, un monopolista, una fortuna creada al amparo del poder político, un oligarca.

El obradorismo aprovecha esa iniquidad inicial para justificar sus métodos expropiatorios. No es que el objetivo de la expropiación en su contra haya sido el desquite. Es más bien que, una vez lanzada la ocupación con tropa armada, el régimen tiene a la mano esa justificación moral. Usa un poderoso e irresistible discurso de clase fincado en el revanchismo y en el anhelo de justicia retributiva. Como Larrea es moralmente indefendible, el fin justifica los medios.

No se tiene que simpatizar con Larrea ni consentir su fortuna para denunciar esa pulsión premoderna. La regulación en el Estado moderno debe ser impersonal y fría. No opera según la virtud moral del afectado. Pero como no hay ningún alegato jurídico razonable a favor de una expropiación a punta de pistola, la evasiva moral basta.

Como Larrea es moralmente indefendible, el fin justifica los medios.

Dicha justificación es habitual en nuestros tiempos y está detrás de la violencia de este régimen. También se utilizó para destruir de un manotazo el aeropuerto de Texcoco, alimenta la retórica de la austeridad republicana, se esgrimió para deslegitimar a los consejeros del INE y se aprovecha cotidianamente en las embestidas contra los ministros de la Corte. Los peores métodos se fundamentan en nombre de una justicia caprichosa siempre que del otro lado haya alguien moralmente reprobable, mancha que siempre se encuentra.   

En el fondo es resentimiento populista, porque está fincado en el desagravio del supuesto pueblo contra sus elites enemigas. Y también es material, porque invariablemente el acicate es el dinero o la posición social. El obradorismo ha conseguido así explotar la vieja herida de los desposeídos, utilizándola como subterfugio del poder.

La contradicción es obvia. De la violencia revanchista no ha salido ningún beneficio colectivo. No se han tocado los privilegios de los oligarcas, sus fortunas y negocios permanecen intactos, ni tampoco ha habido mejor distribución de la riqueza ni mayor justicia social, al tiempo que se han destruido instituciones y reputaciones. Pero sí ha concentrado más poder personal el justiciero, quien ahora se erige con la bota militar por encima de todos, especialmente del pueblo vengado.

*Publicado el 26 de mayo en Etcétera: Liga