El Plan C

El régimen obradorista ya lo anunció con todas sus letras: ante la anulación de su Plan B, el Plan C consiste en 2024 asegurar un Congreso de mayoría calificada que le permita destruir al INE y reformar a la Suprema Corte, sometiendo a sus ministros a elección popular. En las democracias modernas y liberales, la Suprema Corte es intérprete y garante de la Constitución y de los derechos de las minorías. En ese sentido, el Poder Judicial es un poder contramayoritario. Por ello, sus integrantes no pueden ser representantes populares al servicio de una mayoría política. Su único compromiso democrático es con la ley y la Constitución. La elección directa de los jueces de la Suprema Corte implica, pues, la muerte no sólo de la Corte sino de la democracia liberal.

La convocatoria a las urnas es audaz y legítima y, de hecho, se agradece semejante advertencia. Ya nadie podrá decir que no sabía lo que significaba un voto por el oficialismo. La invitación es explícitamente a destruir lo que queda de democracia utilizando como acicate electoral la animadversión a la Corte. El problema es que es previsible que el régimen busque asegurar esa mayoría a toda costa.

La posición prudente es esperar en 2024 una amplia operación de Estado, echando mano de todo el aparato a su disposición: desde los métodos clásicos del viejo PRI –carrusel, acarreo, relleno de urnas–, hasta el desconocimiento de resultados adversos, alianzas locales con el crimen organizado como en 2021, e inflar la mayoría legislativa mediante triquiñuelas postelectorales como en 2018. Ante ello, no sólo será crucial que la ciudadanía vigile los comicios –como hasta ahora ha hecho con éxito desde la transición– sino que la oposición gane de la manera más holgada posible para desactivar los alegatos de fraude.

Ya nadie podrá decir que no sabía lo que significaba un voto por el oficialismo

No obstante, nada asegura que el régimen fracase en su intentona. Hay que anticipar, insisto, el peor escenario posible. Además de cargarse a la INE y a la Corte, de salirse con la suya se habilitaría la tan cacareada posibilidad de un Maximato: un arreglo mediante el cual el poder lo sigue ejerciendo López Obrador de facto. Con un Congreso de mayoría calificada, una Corte a modo y una base movilizada de 15 millones de votantes cautivos, da prácticamente igual qué corcholata sea formalmente Presidente. López Obrador podría gobernar perfectamente desde su rancho, con un testaferro firmando sus órdenes. Para meterlo en cintura tendría la píldora envenenada de la revocación de mandato a mitad de sexenio, que no dudaría en usar contra su propio alfil. La simple amenaza es la que confiere el poder.

La ecuación cambia enteramente si la oposición recupera el Congreso incluso si el régimen gana la presidencia. Así no sólo quedarían protegidos el INE y la Corte, pues el obradorismo ya no tendría cómo cambiar la Constitución. Tampoco tendría sentido un Maximato con una presidencia débil: López Obrador aún podría mangonear a su corcholata pero sin consecuencias reales. Por tanto, a juzgar por el Plan C anunciado, la sobrevivencia de la democracia se juega en la elección del próximo Congreso.

*Este artículo se publicó el 12 de mayo del 2023 en Etcétera: Liga