25.06.20

“Está en juego la autonomía política del INE”: entrevista a Ciro Murayama

Compartir:
Tamaño de texto

El consejero electoral habla sobre la difícil coyuntura que atraviesa el INE.

Ciro Murayama es consejero electoral del INE, elegido para el período 2014-2023. Como tal, fue parte del consejo que organizó las elecciones en las que Andrés Manuel López Obrador fue electo. Hoy ha sido crítico de las presiones que el instituto ha recibido desde la presidencia. Su autonomía política, dice, está en riesgo.

Hace unos días, el vocero de la presidencia difundió un documento que acusa la existencia de un llamado Bloque Opositor Amplio (BOA), una supuesta conspiración para descarrilar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El documento incluye a “consejeros del INE” como parte de la organización. ¿Qué implica esta acusación?

En primer lugar fue muy irresponsable que el presidente y su vocero se apartaran de su obligación de atender el derecho a la información al dar a conocer un documento del que, dijeron, ni siquiera les constaba su autenticidad.

Por otro lado fue abusivo señalar como parte de un bloque político al árbitro electoral. Nosotros ni somos parte de frentes opositores ni nos alineamos con el gobierno. Estamos por encima de las pretensiones electorales del gobierno y de sus adversarios. Ni celebramos triunfos en las urnas, ni las derrotas nos producen pesar. Nosotros garantizamos el voto libre y secreto y la ciudadanía sentencia quién ocupa cada cargo de gobierno y de representación.

Ahora bien, en esa conferencia mañanera donde se denunció el supuesto BOA, el presidente y su vocero se metieron directamente al terreno electoral, lo cual tienen prohibido por el artículo 134 constitucional. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó el martes 23 de junio, ante una queja interpuesta por distintos partidos de oposición, que si el presidente vuelve a usar la mañanera para criticar o apoyar a cualquier actor político electoral, se van a dictar medidas cautelares, pues la obligación del presidente es estar distante y callado sin entrometerse en la contienda electoral.

Esta semana, el propio presidente prometió volverse “guardián” de las próximas elecciones y acusó al INE de ser demasiado caro y no autónomo. ¿Qué implicaciones tienen estas palabras?

Hay una enorme distancia entre esas declaraciones y lo que la Constitución contempla y mandata. Después de la elección de 1988, que puede ser el modelo de lo que no hay que hacer, México creó un organismo especializado para organizar elecciones, que fue el Instituto Federal Electoral (IFE), y en 1994 se incluyó a los consejeros ciudadanos, quienes condujeron bien la votación de ese año convulso con la insurrección del EZLN en Chiapas y el asesinato de Colosio. Para 1996 se separó del todo al gobierno de la materia electoral y el IFE ganó su autonomía plena: eso permitió que el presidente perdiera por primera vez el control de la Cámara de Diputados en 1997, y la primera alternancia en la presidencia en el 2000, así como un largo conjunto de novedades democráticas. Sustraer al gobierno de la organización electoral fue condición del respeto al voto libre y secreto.

Todo ese avance escapa de la valoración del actual presidente. Hay una suerte de amnesia sobre la democratización, paradójicamente la misma democratización que le hizo posible llegar a Palacio Nacional.

¿Por qué es importante la renovación de consejeros del INE? ¿Por qué es importante el Consejo?

El INE condensa el pacto político más importante que se logró construir en las últimas décadas para disputar el poder de manera institucional y pacífica. En otras trayectorias y en otras historias políticas nacionales no ha sido necesaria. La mayoría de los países de la Unión Europea organizan sus procesos electorales a través de los respectivos ministerios de interior sin mayor problema, por ejemplo.

En México eso no fue posible, debido a nuestros antecedentes de intento de alteración de la voluntad popular. Virtuosamente, el gran consenso que se fraguó después de 1988 es que se necesitaba crear una institución especializada en materia electoral que diera garantías. La primera tarea del hoy extinto IFE fue confeccionar un padrón electoral desde cero, porque ni en eso había certeza: había gente que ya estaba enterrada y sin embargo aparecía como votante, existía la posibilidad de votar dos veces, y abundaban aquellos mecanismos de la picaresca: el ratón loco, los carruseles, en fin.

El INE sigue siendo esa institución necesaria para permitir la disputa civilizada por el poder en México. y su órgano de conducción y decisión es un Consejo General. En momentos de encono, de incertidumbre política, el nombramiento de consejeros que cuentan con la confianza de los distintos actores políticos le ha dado oxígeno a la disputa política. Así ocurrió con los consejeros ciudadanos en el IFE del 96, el primero plenamente autónomo, que encabezó José Woldenberg. Hubo una ruptura en el consenso en 2003, que presagió una falta de credibilidad de la autoridad electoral que vimos manifiesta en la elección tan complicada de 2006.

Después se han ido dando renovaciones con el consenso de las fuerzas políticas de manera venturosa. Así ocurrió en 2014, cuando nos nombraron a la primera generación de consejeros del INE. En 2017 hubo una renovación de tres consejeros que no generó mayor controversia, porque la conformación de la Cámara de Diputados obligaba al consenso, entonces se sabía que no iba a haber una imposición unilateral, y fue un proceso de designación que yo diría no ocupó ninguna primera plana. Estábamos logrando un árbitro discreto, como mandan los cánones del fútbol: dicen que el mejor árbitro es el que no se ve.

Sin embargo, la elección de 2018 y la particular integración de la Cámara de Diputados, los antecedentes de nombramientos en otras instituciones constitucionalmente autónomas –en particular la Comisión de los Derechos Humanos–, aunados a un discurso muy agresivo contra los institutos autónomos y en particular contra el INE, como nunca lo ha tenido un presidente en la historia de México, generan una alerta.

¿Qué es lo que se juega entonces concretamente? La renovación de ese pacto político por excelencia de la transición mexicana y de la democratización mexicana. En el nombramiento de los cuatro compañeros que llegarán se está jugando la autonomía política de esta institución. Es decir, si hubiese la tentación de nombrar correas de transmisión desde un partido, o peor aún, desde el gobierno, se estaría atentando contra esta autonomía.

El proceso de renovación de consejeros del INE se interrumpió en abril por la emergencia sanitaria. Me preocupa que las recientes declaraciones del presidente contra el INE tengan como corolario un ánimo anti-consenso en la Cámara de Diputados, es decir, que la mayoría lea que hay una consigna para designar a personas afines al gobierno, lo cual comprometería la autonomía del órgano electoral. Ojalá prevalezca la altura de miras y se haga un nombramiento en código democrático, es decir, sin avasallar a las oposiciones. Desde 1996, cuando se nombró al histórico consejo del IFE que encabezó Woldeberg, quedó claro que las designaciones por consenso fortalecen la vida democrática y que el mayoriteo incluso acaba por revertirse contra la credibilidad de quienes usan la aplanadora.

¿Cómo ha afectado al INE la reducción presupuestaria?

De momento, nos ha llevado a la imposibilidad de renovar equipos importantes. El INE, entre otras cosas, se volvió la autoridad del Estado mexicano encargada de monitorear las señales de radio y televisión del país. Yo creo que eso ya debería estar en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero con la reforma del 2007-2008 se le dio esa atribución al IFE. Entonces tenemos antenas y equipos de grabación y seguimiento en todo el país, incluso le damos servicio a Gobernación para que vea que las pautas de transmisión de los tiempos del Estado se están cumpliendo, y esos equipos ya llegaron a su período de vida útil y no los vamos a poder renovar.

Otro problema es que hemos tenido que dejar huecos en nuestra estructura de trabajadores. Tenemos 323 plazas vacantes que no vamos a ocupar hasta la segunda mitad del año. Ahora, esto es algo que no vamos a poder hacer hacia 2021, porque el proceso electoral del 2021 empieza en septiembre, y debemos de tener las juntas distritales del INE, que se componen por cinco vocales, plenamente integradas. No podemos tener huecos en nuestra alineación titular para hacer el proceso electoral más grande de la historia, porque ahora vamos a tener, además de la renovación de la Cámara de Diputados, 32 elecciones locales concurrentes. Nunca había pasado eso: que todas las entidades vayan a su elección. Se van a renovar 30 congresos locales, presidencias municipales de 30 entidades y 15 gubernaturas. Va a ser una macroelección. El padrón electoral habrá pasado de cerca de 90 millones que fueron convocados en 2018 a 96 millones en 2021, por la dinámica demográfica en el país. Y vamos a tener que instalar alrededor de 10 mil casillas más. En 2018 instalamos 156 mil, ahora serán 166 mil casillas.

¿Cómo afectará la pandemia la organización de las próximas elecciones y qué medidas ha contemplado el INE?

Este nuevo virus está cambiando los hábitos cotidianos de las sociedades y las rutinas electorales no serán la excepción. Sobre todo en un modelo de comicios como el mexicano, que implica mucha interacción y trabajo de campo: para instalar casillas hay que visitar al 13% de los electores en sus domicilios para invitarlos a ser funcionarios de mesa directiva de casilla. Nuestra expectativa, en el corto plazo, es que se tendrán que instrumentar protocolos de salubridad en los centros de votación –utilización de gel, de cubrebocas y mascarillas, tener espacios amplios para la instalación de casillas, sana distancia en la fila de electores, por ejemplo–, al tiempo que será necesario utilizar avances tecnológicos: el año próximo usaremos el voto por internet desde el extranjero, que puede ser un precedente de lo que en el futuro podría explorarse también para sufragar en territorio nacional.

Tus detractores, tus críticos –también los de Lorenzo Córdova– argumentan que en realidad ustedes tampoco son árbitros imparciales, que representan un grupo de poder cercano a la UNAM.

Yo sí me reivindico como parte de la izquierda democrática y, en efecto, mi vida la he hecho en la universidad. Soy profesor de tiempo completo y no me siento parte de ningún grupo con algún poder. Me siento parte de una tradición de izquierda que quiere ser ilustrada y democrática al mismo tiempo. Pero yo creo que la imparcialidad del INE frente a los distintos actores se puede constatar en las decisiones del INE.

Hace seis años Morena no existía como partido político, fue el Consejo Electoral presidido por Lorenzo Córdova, y del cual formo parte desde 2014, el que votó a favor de que Morena obtuviera su registro. No porque le hiciéramos ningún favor, sino porque ellos cumplieron los requisitos de ley. Es decir, no hubo ninguna animadversión de nosotros; nunca se le han dejado de entregar sus prerrogativas en términos de financiamiento. Hubo un momento en que ellos renunciaron a una parte y el Tribunal dijo que no, pero fue una decisión de ellos, no es que el INE les regateara ninguna de sus prerrogativas, tampoco en materia de acceso a radio y televisión.

Incluso hubo quien nos pidió que quitáramos a López Obrador –antes de que fuera candidato– de los anuncios cuando él aparecía como presidente de Morena. El criterio había sido en otros casos que se permitiera la aparición de líderes de partidos en los spots, y mantuvimos a López Obrador porque no tenemos ninguna animadversión contra él.

Todos los votos de López Obrador y de todos los demás se contaron con toda pulcritud, se le dieron condiciones básicas de equidad, su participación en los debates que diseñamos no tuvo ningún sesgo en contra de su candidatura ni de los otros aspirantes presidenciales. Entonces, hay centenas de decisiones que involucran a Morena en donde nosotros hemos sido imparciales. Y cuando hemos considerado que Morena viola la norma, por ejemplo, con el fideicomiso que armaron para repartir dinero para los damnificados del sismo, que básicamente llegó a dirigentes y candidatos de Morena, los sancionamos. Nosotros sabíamos que las pruebas y la contundencia de la investigación –porque está toda basada en documentos públicos entregados por el sistema financiero– acreditaban una conducta ilegal del partido. Eso no lo hicimos por animadversión, porque hemos impuesto las mismas sanciones a otros actores, sean PRI, PAN o cualquier otro partido. Aquí no hay ninguna animadversión contra Morena ni contra su máximo dirigente.

Siempre ha habido presiones desde el poder contra el INE. ¿En qué se distinguen los actuales embates de los de gobiernos anteriores?

Nunca habíamos visto una animadversión tan injusta y tan gratuita de un presidente hacia la institución que organizó con limpieza las elecciones con las cuales llegó al poder. Esa sí es una diferencia.

Es cierto que durante el sexenio pasado tuvimos una serie de desencuentros fuertes con la Presidencia de la República, en particular con la Consejería Jurídica de la Presidencia, que combatió buena parte de los acuerdos del INE. Por ejemplo, aquello que se conoció como “cancha pareja”, que era nuestra prohibición a que se anduvieran repartiendo tarjetas, a que se distribuyeran programas sociales en actos públicos multitudinarios.

En el INE somos muy celosos de nuestra autonomía, y esa autonomía no es algo potestativo –si te gusta ejercerla o no–: es una obligación que tenemos directamente. El día que perdamos, la autonomía perderemos la esencia de esta institución.

El INE autónomo es patrimonio democrático de las mexicanas y de los mexicanos. Pueden fracasar los gobiernos, pero no puede comprometerse el acuerdo democrático que llevamos renovando hace un par de décadas. Vivimos en una excentricidad histórica, que por lo mismo hay que cuidar.

En los dos siglos de vida como nación independiente que tiene México, apenas en la décima parte hemos tenido renovación del poder genuinamente democrática. No son los alzamientos militares, como ocurrió en buena parte del siglo XIX, los que determinan quién detenta el poder. Después fueron elecciones rituales en las que no había nada de certidumbre en los procedimientos, pero había una certeza: quién iba a ganar. Desde antes de que se convocaran las elecciones tú sabías que los candidatos del partido oficial iban a ganar. Eso en buena hora se dejó atrás desde fines del siglo pasado –en los años 90–, y hoy tenemos que de los 20 mil cargos de elección que hay en el país –sumando los que contemplan las constituciones locales más la Constitución General de la República–, ninguno se puede explicar sin un proceso electoral previo de respeto al voto libre y secreto. Estamos en esta excentricidad y por eso hay que cuidarla, porque la democracia ha fenecido muchas veces en la historia de la humanidad.

¿Tiene que ver con el populismo? Hemos visto muchos regímenes populistas destruir al árbitro electoral.

Sí hay un problema nuevo en el mundo que es la muerte de las democracias no por golpes militares, no por agresiones extrademocráticas, sino por la aparición de enfermedades desde el propio sistema, así como una especie de enfermedad autoinmune que se produce desde la democracia misma, aunque sobre una base estructural muy clara, que es la base de la desigualdad y el desencanto. Tenemos un discurso muy intolerante que está polarizando a la sociedad, y ese caldo de cultivo está dañando a las democracias lo mismo en Brasil que en Estados Unidos, en Polonia, en Hungría o en Filipinas. México es parte de este mundo. Estamos viendo un auge de discursos cada vez más polarizadores, una conversación pública cada vez menos tolerante.

Yo creo que hay algunos episodios que muestran cómo la captura del árbitro electoral puede implicar un punto de no retorno en el deterioro de las democracias: Venezuela, Nicaragua y Bolivia son ejemplos muy cercanos, países que al inicio del siglo eran reconocidos por propios y extraños como democráticos, porque sus gobiernos salían de las urnas con la legitimidad popular.

¿Has recibido presiones personalmente? ¿De qué naturaleza?

Las presiones que recibimos nosotros son bastantes públicas; son descalificaciones a la trayectoria. Por ejemplo, cuando el presidente en una mañanera a fin de enero se refirió a mí como una persona que había osado firmar un desplegado –él dice– avalando el fraude del 2006. No es cierto, ese desplegado es público. En 2006 yo era profesor de la universidad, lo firmamos gentes que escribíamos en Letras Libres en Este País, y nexos, fue una iniciativa en defensa de la pluralidad y la institucionalidad democrática, y en efecto no compramos la tesis del fraude, pero decíamos que había los canales institucionales para saber perfectamente quién había ganado esa elección. Han pasado 14 años, no hay ni una sola prueba de que López Obrador hubiera obtenido más votos que Felipe Calderón. El recuento que se hizo de votos incluso aumentó de forma marginal la ventaja de Calderón.

Esa descalificación, viniendo del jefe de Estado, contra alguien que ahora es consejero, se traduce inmediatamente en un conjunto de ciberagresiones que son desagradables. Afortunadamente mis posturas son muy claras y hay distintos actores que se acercan a exponer sus puntos de vista. Pero yo puedo decir que a mí nadie me ha presionado ni amenazado. ¿Dialogar? Sí, diálogo con todos. He hablado –y es mi trabajo hablar– con actores políticos de todos los partidos, con los sujetos regulados, con televisoras, por supuesto. Las presiones dependen de cómo se las tome uno. Yo llevo bastante tranquilo este cargo.

¿Qué está en juego para el INE en estos momentos? ¿Qué está en juego para México?

Para el INE está en juego su autonomía política, y con las aduanas que pasaremos en los próximos meses en materia presupuestal también está en juego que su capacidad operativa –que es muy grande porque esta nación así lo es– no se vea mermada, y que no cometamos la insensatez de perder la posibilidad de volver a tener elecciones genuinas.

Quizá lo único que hemos hecho bien –o muy bien– como sociedad en los últimos 30 años es el sistema electoral. En otros terrenos no hemos logrado mejorar, no ha crecido la economía, no hemos mejorado el ingreso de la población, no hemos disminuido las brechas de desigualdad, no hemos mejorado de manera drástica el sistema de salud ni el sistema educativo. Y en otras áreas incluso hemos empeorado, como es la seguridad pública. Lo que está en juego es el INE y las elecciones libres como ese espacio común que permite nuestra coexistencia política pacífica. Si no hay elecciones auténticas, si los distintos actores no saben que las elecciones van a permitir renovar de manera libre los poderes, vamos a sumar a los muy graves problemas que tenemos el de la violencia política, y eso sería un gravísimo error. Las elecciones limpias y libres no son un lujo, son una necesidad para la sobrevivencia de nuestra diversidad política, entonces hay que mantenerlas a toda costa.

No creo que ningún actor político con altura de miras pueda prescindir de las elecciones confiables. Y en México tener elecciones confiables quiere decir que las organiza alguien distinto al gobierno.

Creo que si en algún momento se descarrila la posibilidad de tener elecciones genuinas, vamos a tener un enorme retroceso, y quizás a las generaciones de adultos jóvenes de este país les tome lo que quede de su existencia regresar a reconstruir la vía y a subir el tren a esa vía. Esa regresión histórica me parece una irresponsabilidad.

*Esta entrevista se publicó el 25 de junio del 2020 en Letras Libres: Liga