De beneficiarios a peticionarios

¿Sigue el poder militar supeditado al civil? La creciente militarización apunta a un reacomodo de esa ecuación que duró casi un siglo. En ese arreglo las Fuerzas Armadas eran inmensamente poderosas y el poder civil debía contar con su respaldo, pero eran meras beneficiarias en un intercambio de prebendas. Mandaba el Ejecutivo.

Ya no es seguro que podamos seguir diciendo lo mismo: que las Fuerzas Armadas estén plenamente supeditadas al poder civil. Tampoco lo contrario: que el poder civil esté supeditado al militar, o sea, que vivamos en un régimen militar. Pero los acontecimientos recientes indican que el poder militar pasó de ser mero beneficiario de prebendas, como en el arreglo anterior, a peticionario activo, a solicitante, a demandante, a poder fáctico emancipado.  

Ya no es seguro que podamos seguir diciendo lo mismo: que las Fuerzas Armadas estén plenamente supeditadas al poder civil.

El hackeo a la Sedena ofrece varias pistas: no sólo que el Ejército espía y vigila a periodistas, activistas y políticos, sino que demanda sus propios proyectos de infraestructura y negocios, como una aerolínea comercial que busca poner en marcha mediante cabildeo y presión para torcer la regulación. Estas semanas fuimos testigos de ese enorme esfuerzo de cabildeo legislativo para pasar el control administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena, o extender la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028. En pocas palabras: el Ejército no sólo hace las tareas que el poder civil le delega por incapacidad, sino que las ambiciona.

Otra prueba es la gran presión que el poder militar ejerció para encubrir su participación en la tragedia de Iguala durante el sexenio anterior, y para entorpecer, frenar y obstaculizar la procuración de justicia en este sexenio, orillando a la Fiscalía a descartar las órdenes de aprehensión en contra de algunos militares señalados. Diversos testimonios y trascendidos aseguran que el propio secretario de la Defensa en persona amenazó al presidente con dejarlo solo en tareas de seguridad si la investigación continuaba.

Otra señal que pasó desapercibida fue la sospechosa remoción de Manelich Castilla –uno de nuestros mejores policías, alfil del viejo orden policiaco– como secretario de seguridad pública de Quintana Roo tras apenas cuatro días en el cargo, sustituido de manera abrupta y subrepticia por un contraalmirante del Estado mayor de la Marina en lo que a todas luces pareció una imposición militar.

La ecuación ya no es unidireccional y vertical como solía ser, con el poder militar claramente subordinado al civil, sino, cuando menos, autónomo y rebelde, ejerciendo su propia voluntad intersexenal sin ningún contrapeso ni vigilancia. De esa nueva autonomía surgen dos inminentes temores: primero, si este nuevo arreglo es reversible y a qué costo; y segundo, si el nuevo poder se podría tornar despótico.

*Este artículo se publicó el 7 de octubre del 2022 en Etcétera: Liga